jueves, 31 de octubre de 2013

La contra revolución aún duele a los guatemaltecos

Por: Natali Barrios.
 
La falta de libertad Política, de asociación y de palabra, que sufrió el país en los primeros 40 años, del siglo XX, había imposibilitado a los distintos sectores nacionales el planteamiento de sus problemas en forma clara y abierta. La prensa, única forma de difusión de ideas en esa época, tampoco tomaba el riesgo de mencionar ni menos de discutir los problemas que afligían al país.

El movimiento obrero fue el que inició la discusión de los problemas nacionales y generó una conciencia popular sobre tales problemas. Posteriormente esa conciencia fue creando un clima político, seguido de la formación de grupos, asociaciones y partidos, creando una actitud política.

En ese momento ni el propio Presidente de la República doctor José Arévalo, tenía una visión clara sobre el problema agrario, asegurando por su parte que en Guatemala no exista problema agrario, sino que los campesinos psicológica y políticamente están impedidos de trabajar en la tierra.

En tanto un grupo de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, presentó por primera vez la necesidad de realizar una Reforma Agraria. Esto ocurrió en octubre de 1946.

Fue hasta en el periodo del coronel Jacobo Árbenz, que se evaluó la propuesta, y por unanimidad en el Congreso de la República se emitió la Ley de Reforma Agraria, seis años después de que fuera presentada la iniciativa. El 17 de junio de 1952, entre los propósitos que resaltaba están: liquidar la propiedad feudal, y desarrollar métodos capitalistas de producción agrícola, abolir todas las formas de servidumbre y esclavitud, tales como las prestaciones personales gratuitas y el repartimiento de los indígenas, por mencionar las más importantes.

Para realizar tales fines preveía la expropiación de tierras no cultivas, tierras dadas en arrendamiento y los excesos en las fincas. Estas tierras sería donadas a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores que las solicitaran, bajo usufructo vitalicio, en propiedad, en lotes no mayores de 25 manzanas, y en usufructo gratuito. Ante esta medida los terratenientes y las empresas transnacionales estaban indignados. Además en 1953 se ordenó en forma urgente al Crédito Hipotecario Nacional, dar prioridad a las solicitudes de préstamos de los parcelarios que hubiesen recibido tierras conforme al Decreto.

En 1953, las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno de Árbenz. Estas estaban compuestas, en primer lugar, por el gobierno estadounidense del presidente Dwight Eisenhower y, en especial, su Secretario de Estado, John Foster Dulles, así como el hermano de este, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia -CIA- del país norteamericano

En segundo lugar, siempre en contra del gobierno guatemalteco de turno, se encontraba la United Fruit Company, propietaria principal de tierras en el país y entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles. A la vez, le acompañaban la alta jerarquía de la Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo Mariano Rosell Arellano, quien había suscrito y divulgado la Carta Pastoral Contra los Peligros del Comunismo en Guatemala y había impulsado el Congreso Eucarístico Nacional en 1950, como una demostración de fuerza.


También estaban en contra de Árbenz, la mayor parte de los terratenientes del país, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores -AGA-, quienes veían el proceso de Reforma Agraria como una amenaza contra sus intereses. Por último, ciertos regímenes extranjeros, tales como el gobierno de Nicaragua, de la República Dominicana y Honduras, fuertemente comprometidos con los intereses de la compañía bananera, no se encontraban a gusto con el mandatario guatemalteco quien finalmente se vio obligado a renunciar la noche del 27 de junio de 1954.

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