Por: Luis Villagrán.
En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz y hasta la fecha, uno de los conflictos más notorios en el país, sigue siendo la posesión de la tierra. Por lo tanto la coyuntura de la repartición de la tierra a los más necesitados nunca ha sido un programa consciente y apropiadamente estructurado para sacar a los campesinos de la pobreza.
Silvia Tejeda en su artículo “Estructura agraria y corrupción” indica que desde que Jacobo Árbenz, en 1952, aplicó el Decreto 900 de la Reforma Agraria, repartiendo el 20 por ciento del área cultivable de la Nación al 24 por ciento de la población, identificado como los campesinos sin tierra, los sucesivos grupos políticos hegemónicos, en 60 años, han repartido más de 3 millones 323 mil 487.14 hectáreas de tierra, a más de 147 mil 700 personas beneficiadas, de las que no se podría dudar que existirán algunos resultados exitosos, pero que ni en calidad ni en cantidad llegan a determinar beneficios qué hayan contribuido al desarrollo económico y social de Guatemala.
Silvia Tejeda en su artículo “Estructura agraria y corrupción” indica que desde que Jacobo Árbenz, en 1952, aplicó el Decreto 900 de la Reforma Agraria, repartiendo el 20 por ciento del área cultivable de la Nación al 24 por ciento de la población, identificado como los campesinos sin tierra, los sucesivos grupos políticos hegemónicos, en 60 años, han repartido más de 3 millones 323 mil 487.14 hectáreas de tierra, a más de 147 mil 700 personas beneficiadas, de las que no se podría dudar que existirán algunos resultados exitosos, pero que ni en calidad ni en cantidad llegan a determinar beneficios qué hayan contribuido al desarrollo económico y social de Guatemala.
El acuerdo sobre Aspectos socieconomicos y situación agraria dice en sus considerandos que una paz firme y duradera debía cimentarse sobre un desarrollo socioecónomico orientado al bien común y que para ello es necesario superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país, además de que han constituido fuente de conflicto e inestabilidad.
El desarrollo socioeconómico, expone el Acuerdo, requiere de justicia social, como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas sociales de la población. También resaltaba que en el área rural era necesaria una estrategia integral que facilitara el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, brindando seguridad jurídica y favoreciendo la resolución de conflictos. Para ello empezó a trabajar el Fondo de Tierras (Fontierras) y la Secretaría de Asuntos Agrarios, los cuales han funcionado para muchos con éxito, pero para otros no.
Para el sociólogo Javier Rodríguez, se ha respetado poco el Acuerdo, porque el Estado debe cumplir con el objetivo de garantizar la concreción de derechos sociales. Asimismo agrega que “la problemática agraria que se vive en Guatemala no puede ser comprendida en todas sus dimensiones si no se acude a la historia para encontrar y entender las raíces de las que se desprende tan agudo problema. Tanto en el pasado colonial como en el republicano se pusieron en marcha una serie de mecanismos jurídicos que favorecieron la consolidación de determinadas estructuras de propiedad de la tierra, a partir de las cuales se construyó cierta legitimidad, de la que se derivaron determinadas relaciones económicas, políticas y sociales”.
El desarrollo socioeconómico, expone el Acuerdo, requiere de justicia social, como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas sociales de la población. También resaltaba que en el área rural era necesaria una estrategia integral que facilitara el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, brindando seguridad jurídica y favoreciendo la resolución de conflictos. Para ello empezó a trabajar el Fondo de Tierras (Fontierras) y la Secretaría de Asuntos Agrarios, los cuales han funcionado para muchos con éxito, pero para otros no.
Para el sociólogo Javier Rodríguez, se ha respetado poco el Acuerdo, porque el Estado debe cumplir con el objetivo de garantizar la concreción de derechos sociales. Asimismo agrega que “la problemática agraria que se vive en Guatemala no puede ser comprendida en todas sus dimensiones si no se acude a la historia para encontrar y entender las raíces de las que se desprende tan agudo problema. Tanto en el pasado colonial como en el republicano se pusieron en marcha una serie de mecanismos jurídicos que favorecieron la consolidación de determinadas estructuras de propiedad de la tierra, a partir de las cuales se construyó cierta legitimidad, de la que se derivaron determinadas relaciones económicas, políticas y sociales”.
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